El Gobierno de China se ha quejado ante las autoridades españolas por una serie de decisiones adoptadas recientemente por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que reactivan varias querellas presentadas contra dirigentes chinos, por su presunta participación en actos de represión llevados a cabo en el Tíbet, según supo ABC de fuentes solventes.
Las quejas han sido transmitidas al Ministerio de Asuntos Exteriores por la Embajada china en España, que ve cómo se reabre la posibilidad de que un tribunal español pueda enjuiciar a dirigentes de ese país, acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra por su actuación contra los habitantes de la región que reclama más autonomía.
En los últimos años, el Gobierno español ha evitado mantener contactos con el líder político y espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, o con algunos de su representantes, para no irritar a las autoridades chinas.
Ya en mayo de 2009, el embajador chino en Madrid protestó ante el Ejecutivo porque el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había dictado una comisión rogatoria internacional a China, para que una delegación judicial española pudiera desplazarse al Tíbet. El magistrado quería interrogar a testigos de la represión registrada allí en 2008, en vísperas de los Juegos Olímpicos, y por la que el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangchen Sherpa habían presentado una querella por delitos de lesa humanidad contra tres ministros —el de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu— y otros cinco dirigentes del actual Gobierno chino.
Por este y otros casos, se abrió entonces una polémica en España sobre hasta dónde podrían llegar las competencias de la Justicia española. Con el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la jurisdicción universal, impidiendo la actuación, si no hay víctimas españolas ni los presuntos responsables se encuentran en territorio nacional.
Tras ello, Pedraz decidió archivar la causa y la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento. Sin embargo, los querellantes recurrieron y el pasado 11 de marzo el Tribunal Supremo les dio la razón, considerando que la excepcionalidad e importancia de la cuestión hace razonable que la decisión final sea adoptada por el Supremo.
Crímenes de guerra
No ha sido esta la única decisión que ha molestado a las autoridades chinas, ya que el pasado 30 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dio la razón a otra demanda hecha, en 2006, por las mismas asociaciones: que la querella presentada contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex dirigentes del país asiático por delitos de genocidio cometidos en las décadas de los ochenta y noventa, se amplíe de forma que los hechos sean calificados como presuntos crímenes de guerra. El juez estima que pueden suponer una violación grave de las Convenciones de Ginebra suscritas por España, en relación con los artículos 608 y 611.5 del Código Penal español.
El magistrado considera que ese tipo de crímenes deben ser perseguidos sobre la base del principio de jurisdicción universal cualquiera que sea la nacionalidad del autor. En la querella se acusa a los ex dirigentes chino de haber forzado a la mujeres tibetanas a abortar y ser esterilizadas.
Por último, el malestar chino creció cuando, también el 30 de marzo, el Tribunal Supremo dictó otra resolución en una demanda por genocidio y otros crímenes presentada por el Comité de Ayuda al Tíbet en 2005, en la que acepta que se reconozca al Tíbet como un estado ocupado desde 1950. El Supremo español se convierte así en el primer cuerpo judicial del mundo en hacer ese reconocimiento.
