Amnistía Internacional exige a China una investigación "imparcial" en el aniversario "de la represión de los uigures"

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado al Gobierno chino que emprenda una investigación "independiente e imparcial" sobre los disturbios ocurridos el pasado año en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (noroeste), después de que la organización obtuviera nuevos testimonios "que suscitan más dudas sobre la versión oficial de los hechos".

Con motivo del "primer aniversario de la represión de los uigures", la organización presentó este lunes un nuevo informe que incluye nuevos testimonios recabados entre uigures que huyeron de China tras los sucesos ocurridos en la capital de Xinjiang, Urumqi.

Las personas entrevistadas, según AI, denunciaron el uso innecesario o excesivo de la fuerza, detenciones masivas, desapariciones forzadas y tortura y malos tratos tanto el día en que comenzaron los disturbios, el 5 de julio de 2009, como durante la represión desatada por el Gobierno con posterioridad.

Según el informe de AI, tras los disturbios fueron detenidas más de mil personas y "posiblemente" cientos de ellas han desaparecido. Aparte, 198 personas han sido condenadas en juicios que "no cumplieron las normas internacionales" y al menos nueve han sido ejecutadas y otras 26 han sido condenadas a muerte.

La violencia estalló en Urumqi, después de que la Policía reprimiera una manifestación pacífica contra la inacción del Gobierno en el caso del homicidio de varios obreros uigures inmigrantes en Guandong, en el sur de China. "Las protestas se produjeron en un contexto de resentimiento uigur, acumulado durante años de represión y discriminación oficiales", según AI.

Varios relatores especiales de la ONU, incluidos el relator especial sobre la Tortura y el experto independiente en cuestiones de las minorías, han solicitado visitar la región. "Hasta la fecha, las autoridades chinas no han accedido a sus peticiones", lamentó la organización.

"La versión oficial deja demasiadas preguntas sin respuesta: ¿Cuántas personas murieron realmente? ¿Quién las mató? ¿Cómo ocurrió y por qué?", ha declarado la directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, Catherine Baber.

RESTRICCIONES

Con motivo del aniversario, se ha reforzado la seguridad en la región, y según diversos informes "se han impuesto restricciones a la libertad de circulación y de expresión, así como a organizaciones comunitarias uigures", según AI.

"En lugar de sofocar las investigaciones, culpar a agitadores externos y crear miedo, el Gobierno chino debe aprovechar el aniversario para emprender una investigación apropiada que incluya los motivos de queja que alberga desde hace tanto tiempo la comunidad uigur y que contribuyeron a los disturbios", añadió Catherine Baber.

Testigos de los sucesos del 5 de julio indicaron a Amnistía que la protesta contra la inacción del Gobierno ante los homicidios de obreros uigures en el sur de China comenzó pacíficamente, "no obstante lo cual las fuerzas de seguridad respondieron con violencia".

Los disturbios estallaron esa misma noche, sobre todo en la zona sur (mayoritariamente uigur) de la ciudad, y causaron numerosos muertos y heridos. Según las autoridades chinas, en la violencia del 5 de julio habían muerto 197 personas, 156 de las cuales fueron calificadas de "personas inocentes" y entre las cuales había 134 chinos de etnia han, 11 huis, 10 uigures y un manchú.

"No está claro si las autoridades estaban preparadas para proteger a todos los ciudadanos y si tenían la preparación y el equipo adecuados para controlar la situación sin recurrir a la fuerza letal", declaró Catherine Baber.

Según diversos informes, se registraron ataques violentos en la ciudad durante toda la semana, y varios testigos presenciales declararon a Amnistía Internacional que en algunos casos la Policía no protegió a los uigures frente a los ataques de los miembros de la etnia han, que tuvieron lugar el 7 de julio.

China ha aprobado recientemente un paquete de medidas de desarrollo para Xinjiang destinado a promover la estabilidad social. No obstante, Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que lleve "la igualdad y la justicia a la región, y garantice amplias consultas a la comunidad en todas las actividades futuras de planificación e implementación".

"El Gobierno chino espera estabilizar la región invirtiendo dinero en el problema, pero sin una investigación independiente y creíble de los disturbios de Urumqi y de los motivos de queja subyacentes, seguirá habiendo resentimiento y desconfianza", manifestó Catherine Baber.

DETENCIONES Y EJECUCIONES

Tras los disturbios fueron detenidas más de mil personas y "posiblemente cientos de ellas fueron objeto de desaparición forzosa", según el informe de AI. Según las estadísticas oficiales, al menos 198 personas han sido condenadas en juicios en los que, en opinión de Amnistía Internacional, "se incumplieron las normas internacionales de imparcialidad procesal". Aparte, "se han realizado nueve ejecuciones y hay por lo menos 26 personas condenadas a muerte".

"Amnistía Internacional pide a China que emprenda una investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por todas las personas que participaron en los disturbios de Urumqi, y que garantice un proceso judicial transparente para todas aquellas que sean enjuiciadas por los disturbios, incluidos juicios justos con arreglo a las normas internacionales", concluyó.

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Pekín, 18 feb APD La esposa del abogado chino desaparecido hace más de un año y candidato al premio Nobel de la Paz en 2008, Gao Zhisheng, ha negado en un comunicado que su marido hubiese contactado con ella, como aseguró la embajada china en Washington.

Geng He, la esposa de Gao, señala en un comunicado publicado hoy a través de la ONG Human Rights in China (HRIC), que desde que ella y los dos hijos del matrimonio se exiliaron en Estados Unidos hace un año no ha tenido ningún contacto con el desaparecido.

La esposa negaba así la información facilitada el viernes por la embajada china en Washington a otra ONG, la Fundación Dui Hua, a la que aseguró que el letrado se encuentra "trabajando en Urumqi", capital de la región occidental de Xinjiang, y que se ha mantenido en contacto con Geng y con otros familiares.

"Durante todo este tiempo no he sabido nada de él, y no sé dónde se encuentra", señala la esposa. "A menos que el Gobierno chino haga realidad lo que está declarando al exterior y permita a mi marido ponerse en contacto conmigo directamente, no tengo manera de verificar su actual paradero y si está sano y libre".

Según el código penal chino, incluso los familiares de los convictos tienen derecho a visitarlos en prisión.

"Pido muy seriamente al Gobierno chino que, en nombre del espíritu humanitario, permita a mi marido hablar conmigo y, al mismo tiempo, que garantice su seguridad personal, le faciliten asistencia médica y le permitan regresar a nuestra casa en Pekín", concluye el comunicado de Geng.

Mo Shaoping, ex abogado de Gao hasta que éste fue condenado en diciembre de 2006 por subversión a tres años de prisión suspendida (una especie de libertad condicionada a reincidencia), señaló al diario "South China Morning Post" que la vaguedad de los informes del Gobierno sobre el paradero de Gao es deliberada.

Según el jurista Mo, es probable que el indulto de Gao haya sido revocado y que esté cumpliendo el resto de su condena en prisión, después de que las autoridades de seguridad consideraran, por un motivo no explicitado, que Gao incumplió los términos de su libertad condicional.

Gao, de 43 años, desapareció el 4 de febrero de 2009 cuando un grupo de agentes de seguridad se lo llevaron de su casa en Shaanxi, su provincia natal, sin presentar una orden de arresto ni mencionar una acusación.

Transcurrido un año, y contraviniendo la Ley de Procedimiento Penal china, las autoridades todavía no han notificado a la familia de Gao su paradero, o dado razones sobre su detención.

En enero, el hermano del desaparecido, Gao Zhiyi, se puso en contacto con los agentes que habían detenido al letrado y éstos le dijeron que Gao había "desaparecido durante un paseo en septiembre".

Desde entonces, el Gobierno chino ha ofrecido datos ambiguos y contradictorios sobre el paradero de Gao, por boca del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ma Zhaoxu, quien ha señalado en las últimas semanas que el letrado "está donde debe estar", o que no puede saber "el paradero de los 1.300 millones de chinos".

Según Beth Schwanke, quien representa a Gao a través del grupo internacional Freedom Now, una ONG que aboga por la liberación de prisioneros de conciencia en el mundo mediante procesos legales, si el abogado está en Urumqi, las autoridades deberían facilitar una verificación de su estado actual, en virtud de la ley china.

Además, el procedimiento legal chino exige que las autoridades emitan una acusación contra Gao, de lo contrario, deberían liberarlo.

Abogado autodidacta, Gao se hizo famoso en la década de 1990 representando a campesinos pobres en casos de expropiación de tierras y corrupción, por lo que llegó a ser nombrado en 2001 uno de los mejores juristas del país asiático por el Gobierno.

Sin embargo, en 2004 cayó en desgracia por defender a grupos religiosos, como Falun Gong o cristianos clandestinos, y tanto él como su familia fueron puestos bajo vigilancia, a pesar de que la constitución china defiende la libertad religiosa en su artículo 36.