La ONG Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles un informe de 72 páginas en el que denunció el recrudecimiento de la represión ejercida por China en la región del Tíbet, incomunicada por el régimen comunista desde las protestas de marzo del 2008 ocurridas en Lhasa, la capital tibetana.
Un total de 203 testimonios, en su mayoría refugiados tibetanos y viajeros, quedaron plasmadas en el informe "Lo vi con mis propios ojos: Abusos de las fuerzas de seguridad en el Tíbet 2008-2010", que van directamente contra la versión oficial de la situación difundida por el Gobierno chino.
Según el régimen, el 14 y 15 de marzo de 2008 murió una veintena de civiles y cientos resultaron heridos, en su mayoría chinos, por violentistas tibetanos que el Ejército contuvo según estándares internacionales.
Pese a tal aseveración, Pekín ha impedido que el alto Comisionado de Derechos Humanos, relatores de la ONU y periodistas comprueben en terreno la situación, permitiendo sólo escasas visitas de grupos bajo su estricto control.
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| Los abusos chinos aumentaron luego de las bulladas protestas de marzo de 2008. |
El informe de HRW describe cómo los militares chinos mataron a tibetanos en al menos cuatro altercados: "Los soldados empezaron a disparar de forma indiscriminada. Vimos cómo los disparos alcanzaban a dos personas. Una murió en la puerta del hospital Mentsikhang, cuando una bala le alcanzó en el costado derecho, a la altura de los riñones", relató una refugiada identificada con el seudónimo de Pema Lahkyi, de 24 años.
La mujer añadió que los hospitales tenían orden del gobierno de no atender a ningún tibetano.
Otros testigos describieron cómo, tras los tiroteos, el Ejército retiró los cadáveres en camiones, lo cual HRW citó como base de los persistentes rumores en Lhasa que aseguran que los soldados eliminaron de inmediato los cuerpos de los tibetanos para dejar sólo los de los chinos y justificar así el uso de la fuerza.
Las autoriadades detuvieron a miles de sospechosos de participar en las protestas, incluidos monjes y monjas budistas, de los que varios centenares han desaparecido.
Las violaciones de derechos humanos documentadas por estos testigos incluyen desapariciones, sentencias erróneas, persecución de familiares, arrestos masivos y arbitrarios y tortura de detenidos.
"Había hasta 30 detenidos en celdas de tres o cuatro metros cuadrados", aseguró uno de ellos, el monje Rinchen Namgyal, de 33 años. "No había espacio para sentarse, estaban de pie día y noche. Las celdas no tenían baños, hacían sus necesidades allí mismo. A muchos los golpeaban".
Con estas y otras torturas los funcionarios buscaban extraer la confesión de que las protestas habían sido organizadas por "la camarilla del Dalai Lama", el líder espiritual tibetano exiliado en la India en 1959 tras una rebelión fallida contra el régimen de Mao Zedong, cuyas tropas entraron en la región en 1949.
"¿Qué es lo que Pekín quiere ocultar manteniendo el altiplano tibetano cerrado durante tanto tiempo?" es la principal pregunta que busca responder el informe, explicó Nicholas Bequelin, investigador para Asia de Human Rights Watch, que advirtió que el texto concluye que las fuerzas de seguridad "hicieron un uso desproporcionado de la fuerza y actuaron con deliberada brutalidad durante y después de las inusuales protestas que se iniciaron el 10 de marzo de 2008".
La represión posterior a las revueltas étnicas afectó también a las provincias chinas colindantes con la región autónoma, en la que habita la mitad de los casi siete millones de tibetanos: Qinghai, Sichuan, Gansu y Yunnan.
Sophie Richardson, directora para Asia de HRW, recordó "la necesidad de una investigación internacional en el Tíbet", ya que en ella "los abusos de las fuerzas de seguridad no van a remitir, sino que están empeorando con las prolongadas quejas que desataron la protesta".
