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Tristemente, ser maestro en Tailandia significa ponerse en primera línea del conflicto. Estas prácticas perjudican a los niños y generan nuevas quejas de las que pueden aprovecharse los insurgentes. Bede Sheppard, investigador principal de Human Rights Watch sobre los derechos del niño en Asia y autor del informe
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Los ataques de los grupos separatistas contra maestros y escuelas y el uso de las instalaciones escolares como bases militares están dañando gravemente la educación de los niños en las provincias de la frontera meridional de Tailandia, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El informe de 111 páginas, "‘Targets of Both Sides': Violence Against Students, Teachers, and Schools in Thailand's Southern Border Provinces" ("‘Objetivos de ambos bandos': Violencia contra estudiantes, maestros y escuelas en las provincias de la frontera meridional de Tailandia") explica en detalle cómo los insurgentes musulmanes de origen malayo, que consideran que el sistema educativo oficial es un símbolo de la opresión estatal tailandesa, han amenazado y asesinado a maestros, incendiado y bombardeado escuelas públicas y sembrado el terror entre los estudiantes y sus padres. Los insurgentes también se han servido de las escuelas islámicas para adoctrinar a los estudiantes y reclutarlos en su movimiento. Al mismo tiempo, el ejército y las fuerzas paramilitares tailandesas están perturbando la educación y exponiendo innecesariamente a los estudiantes al riesgo de ataques insurgentes, al ocupar las escuelas durante largos períodos y convertirlas en bases de sus operaciones contra la insurgencia. "La práctica de los insurgentes de disparar a maestros y quemar escuelas demuestra una increíble depravación", señaló Bede Sheppard, investigador principal de Human Rights Watch sobre los derechos del niño en Asia y autor del informe. "Es cruel e inmoral y arrebata a los niños su educación y su futuro", agregó. El informe está basado en las visitas de Human Rights Watch a 19 escuelas en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat, y las entrevistas con más de 90 personas, entre ellas niños, padres, maestros, fuerzas de seguridad, miembros de la insurgencia y funcionarios locales. La gran mayoría de los maestros y otros funcionarios de educación asesinados por los insurgentes han sido budistas de origen tailandés. Se sospecha que, desde enero de 2004, los insurgentes han asesinado a por lo menos 108 maestros de escuelas públicas y otros 27 funcionarios de educación en las provincias de la frontera meridional. Otros 103 maestros y 19 funcionarios de educación han resultado heridos. En lo que va de año, 14 maestros de escuelas públicas han sido asesinados. Los musulmanes de origen malayo también han sido víctimas de ataques. Los insurgentes han atacado a los maestros musulmanes de origen malayo en las escuelas públicas y a los administradores de escuelas islámicas que se resisten a los intentos de los insurgentes de adoctrinar y reclutar en sus salones escolares. Los insurgentes también han bombardeado o incendiado escuelas, normalmente durante el horario vespertino. Al menos 327 ataques incendiarios contra escuelas públicas se han llevado a cabo en el sur de Tailandia desde enero de 2004. Como parte de sus operaciones de lucha contra la insurgencia, el Gobierno tailandés ha incrementado el número de fuerzas militares y paramilitares movilizadas en el sur del país. Para albergar a estas tropas en zonas potencialmente hostiles, el Gobierno ha establecido con frecuencia sus bases en el interior de edificios y complejos escolares. Dichas ocupaciones, que no suelen responder a una amenaza directa contra una escuela específica, pueden durar varios años. "Aunque la seguridad de las escuelas puede requerir la presencia de tropas oficiales en las cercanías, hay muchos casos inquietantes en los que las tropas han establecido en ellas la base de operaciones prolongadas contra la insurgencia", señaló Sheppard. "El Gobierno no debe interferir en la educación de los niños simplemente porque quiere establecer campamentos militares en los sitios que le convienen", agregó. Estas ocupaciones a largo plazo provocan una inmensa perturbación para los estudiantes y deben prohibirse cuando interfieran con el derecho de los niños a la educación, señaló Human Rights Watch. Muchos padres sacan a sus hijos de las escuelas ocupadas por miedo de que el campamento militar los exponga a los ataques insurgentes, o que los niños, especialmente las niñas, sean acosados por las fuerzas de seguridad. Los estudiantes que abandonan una escuela ocupada tienen que correr con el riesgo y el gasto de desplazarse a otras escuelas más alejadas de sus casas, y su presencia puede provocar hacinamiento en las escuelas que los acogen. Las fuerzas de seguridad también han realizado numerosas redadas y registros en busca de presuntos insurgentes y armas en las escuelas islámicas. En algunos casos, han realizado arrestos arbitrarios masivos de estudiantes, o las redadas se han vuelto violentas y se ha puesto en peligro a los estudiantes y los maestros. "Tristemente, ser maestro en Tailandia significa ponerse en primera línea del conflicto", señaló Sheppard. "Los líderes separatistas tienen que cesar los ataques contras maestros y escuelas, mientras que el Gobierno debe dejar de usar las escuelas como bases militares a largo plazo y de realizar arrestos masivos en las escuelas islámicas. Estas prácticas perjudican a los niños y generan nuevas quejas de las que pueden aprovecharse los insurgentes", agregó. Antecedentes
Los derechos humanos en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat, de la región fronteriza meridional de Tailandia, se han ido deteriorando como consecuencia de una insurgencia separatista cada vez más brutal, que se ha cobrado más de 4,100 vidas desde que reanudó sus actividades en enero de 2004. Los militantes han cometido abusos generalizados, que van de asesinatos selectivos a numerosos atentados con bomba contra civiles. En respuesta, el Gobierno tailandés ha impuesto leyes especiales de seguridad y ha aumentado a aproximadamente 30,000 el número de efectivos regulares y paramilitares en la región. Las fuerzas de seguridad tailandesas han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y tortura de personas presuntamente involucradas en los grupos separatistas. Testimonios de hijos y padres
"[Mis] alumnos se sintieron perturbados en el momento que supieron que me habían disparado... Se pusieron todos a llorar y preguntaron: ‘¿Quién ha disparado al maestro?' "Muchos vinieron a visitarme al hospital y lloraron cuando vieron que me habían disparado".
- Un maestro que enseñaba en una escuela pública hasta que los insurgentes le dispararon en 2009 "No tenía nada en contra de que los soldados estuvieran fuera de la escuela... Pero cuando se metieron a la escuela, tuve miedo de que atacaran la escuela, por lo que ... Saqué a mis hijos... [S]i atacan el centro, los niños estarían afectados... No había separación entre la escuela y el cuartel... [Además] los soldados destilan y beben kratom [un narcótico de hierbas ilegal], y tenía miedo de que animarán a mis hijos a beberlo".
- La madre de un niño de 7 años y de una niña de 11 años, cuyo complejo escolar había sido ocupado parcialmente por fuerzas paramilitares del Gobierno "Tengo miedo de [los soldados], porque los soldados son muy tocones. Les encanta cargar a los niños, y eso está bien con los niños, pero las niñas no podemos dejar que los hombres nos toquen el cuerpo. No me gusta cuando los soldados me preguntan si tengo hermanas mayores y me piden sus números de teléfono".
- Una niña de 10 años que asiste a una escuela ocupada "Me dio pena perder los libros y las computadoras porque me gusta leer libros.... [Después del fuego] tuvimos que estudiar afuera. No me gustó estudiar afuera [porque] hace calor y hay ruido. No me podía concentrar".
- Un estudiante de 7 años cuya escuela fue incendiada en 2010 | 
