sábado, 2 de octubre de 2010

Rechazada la ponencia para reabrir en España causa sobre represión en Tíbet

Madrid, 1 oct (EFE).- El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española rechazó la ponencia que abogaba por la reapertura de la causa que investigó a ocho responsables del Gobierno chino por su presunta actuación en los disturbios acaecidos en el Tíbet en marzo de 2008.
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Fuentes jurídicas señalaron hoy que la nueva ponente de la resolución será la magistrada Carmen Paloma González y que el pleno se reunirá el próximo lunes para seguir deliberando sobre el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra el archivo decretado por el juez instructor Santiago Pedraz el pasado febrero.

Las mismas fuentes dijeron que los magistrados tendrán que "dirimir" en su reunión si el previsible archivo de la causa será provisional o definitivo.

Pedraz acordó el archivo después de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitó la aplicación del principio de jurisdicción universal en España a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en este país o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con España.

Por ello, consideró que no era competencia de la jurisdicción española la instrucción de los sucesos ocurridos en el Tibet en 2008.

Tres días antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Pekín (el 5 de agosto de 2008), el juez admitió a trámite la querella contra los ocho imputados como presuntos autores de un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de ese año un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana".

Un año después, en julio, China pidió al Gobierno español el archivo definitivo de la investigación después de que el magistrado cursara una comisión rogatoria para interrogar a tres ministros chinos imputados: el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu.

Además, la investigación también afectaba a otros cinco altos cargos del Gobierno chino: el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli; el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan, el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua. EFE

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