Se precisa el escrutinio de la ONU en el Tíbet

Se precisa el escrutinio de la ONU en el Tíbet

17 مارس 2008

Las autoridades chinas deben permitir que la ONU abra una investigación independiente sobre lo ocurrido esta semana en el Tíbet y levantar las restricciones que desde hace tiempo han impuesto sobre la vigilancia de los derechos humanos en la región.

Tras una semana de disturbios, la región está acordonada. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que moderen su respuesta a las protestas que continúan produciéndose en Lhasa y otros lugares del Tíbet. Según establece el derecho internacional, los gobiernos tienen que abordar estas situaciones de crisis de tal forma que se respeten los derechos humanos fundamentales y los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Además, las autoridades deben dar plena cuenta de todas las personas detenidas, y poner en libertad a las que hayan sido recluidas por expresar pacíficamente sus convicciones.

Catherine Baber, directora del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha señalado: “Las autoridades chinas también deben examinar los motivos de queja de fondo de la población tibetana y las políticas que han ido generando tal resentimiento. La situación requiere también la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su actual periodo de sesiones.”

Entre los arraigados motivos de queja que han salido a la luz esta semana figuran la sensación de la población tibetana de estar excluida de los beneficios del desarrollo económico, las restricciones impuestas a la práctica de su religión y el menoscabado de su cultura y su identidad étnica como consecuencia de la política aplicada por el gobierno.

El pasado viernes, 14 de marzo, las protestas se tornaron violentas en Lhasa: los manifestantes incendiaron negocios de propiedad china y comisarías, atacaron a personas de la etnia han, mayoritaria en China. Según fuentes oficiales chinas el resultado de esta situación ha sido la muerte de 13 personas, en su mayoría comerciantes de étnica han de Lhasa. Se ha informado de que fuerzas policiales y militares dispararon gas lacrimógeno y munición real contra las multitudes y que golpearon a los manifestantes al intentar dispersarlas. Según portavoces del gobierno tibetano en el exilio estos hechos se han saldado con aproximadamente 80 muertos.

Según los informes, se ha impuesto el toque de queda en toda la ciudad, y todas las tiendas están cerradas. Se han instalado controles de seguridad a todo alrededor para impedir la entrada en ella, y hay vehículos blindados y unidades de la Policía Armada Popular por toda Lhasa. Algunos informes sugieren que durante el fin de semana siguieron produciéndose protestas dispersas.

La policía y el ejército han rodeado tres importantes monasterios de la zona de Lhasa, y tienen a los monjes confinados en ellos y los golpean si intentan salir. Según informes, los monjes del monasterio de Sera se han declarado en huelga de hambre para exigir la retirada de las fuerzas militares