Lista de espera en el patíbulo chino

w China ha ejecutado esta semana a cuatro japoneses y condenado a muerte a una sudafricana w Las penas de cárcel en el caso de Río Tinto confirman un cambio de actitud de la justicia hacia los extranjeros

Zigor Aldama - Domingo, 11 de Abril de 2010 - Actualizado a las 08:08h.

Una mujer protesta en Londres por la ejecución del británico Akma Shaikh. (DEIA)

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Uno detrás de otro. Así es como van ahora los extranjeros al patíbulo en China. Esta semana han sido cuatro japoneses, los primeros que ejecuta Pekín desde que en 1972 estableció relaciones diplomáticas con su vecino, y el jueves se anunció la sentencia de muerte para una mujer sudafricana. También esperan que se les aplique la pena capital a nueve filipinos. Más suerte han tenido dos hombres nigerianos -cadena perpetua y tres años de cárcel- y una joven vietnamita, 15 años a la sombra.

Todos ellos han sido procesados por tráfico de drogas, una lacra contra la que Pekín lucha con mano de hierro. Sólo el año pasado se arrestó a 91.000 personas acusadas de este crimen, uno de los más severamente castigados por el Código Penal de la República Popular. Según la Comisión Nacional de Control de Narcóticos, 1.600 fueron extranjeros. Y, a juzgar por los veredictos, en el caso de los ejecutados esta semana no quedaban dudas sobre su culpabilidad.

Sin embargo, lo que llama más la atención es el hecho de que China hace oídos sordos a las peticiones de clemencia que lanzan los estados a los que pertenecen los ejecutados. Según declaraciones a The Wall Street Journal, Corrina-Barbara Francis, de Amnistía Internacional, esto demuestra "el aumento de la capacidad de China para hacer frente a la presión internacional que se ejerce sobre el país". Abrió la veda a finales del año pasado el Reino Unido, que alegó sin éxito un trastorno bipolar en el caso de Akmal Shaikh. El británico se convirtió en el primer europeo ajusticiado en China.

Mitsunobu Akano, de 65 años, le ha seguido el pasado martes, y ha inaugurado la semana más mortífera de la Historia para los extranjeros convictos en China. A diferencia del caso de Shaikh, que fue arrestado cuando trataba de introducir droga en el gigante asiático, Akano fue detenido en 2006 cuando trataba de abandonar el país en posesión de kilo y medio de metanfetaminas, con rumbo a Japón. Fue sentenciado a muerte en 2008.

conmoción en japón La queja de Tokio fue en voz baja. Su primer ministro, Yukio Hatoyama, se lamentó del estricto código penal chino, y aseguró que "no se puede hacer gran cosa". Claro que Japón tampoco canceló el ahorcamiento en julio de un ciudadano chino condenado por asesinato. Y, a diferencia de lo que sucede en el Reino Unido, el 86% de la población del archipiélago nipón se muestra favorable a la pena máxima.

Pero ni siquiera estos hechos han sido suficiente para evitar la conmoción del país del Sol Naciente ante la ejecución en grupo de tres de sus compatriotas. El pasado viernes, Teruo Takeda y Katsuo Mori, ambos de 67 años, y Hironori Ukai, de 48, recibieron la inyección letal, un método más humano que el japonés, en la provincia nororiental de Liaoning. Los tres habían tratado de viajar a Japón con diferentes estupefacientes escondidos en la ropa. Takeda no lo hizo personalmente, sino que contrató a otro japonés para que transportara 5 kilos de drogas, mientras que Mori y Ukai fueron arrestados con 1,25 y 1,5 kilos respectivamente. Muy por encima del listón que marca la pena de muerte: 50 gramos.

"La ley es de obligado cumplimiento para todos", reafirmaba Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. "Y los crímenes de narcotráfico son una ofensa muy seria reconocida por la comunidad internacional". Las ejecuciones recientes son, para ella, muestra de que su país aplica los castigos "en estricta concordancia con la ley", y que todos los condenados han recibido un juicio justo, algo con los que diversas organizaciones de Derechos Humanos no están de acuerdo.

Sin duda, el caso de los cuatro japoneses es extremo. Pero existe una gran preocupación entre la comunidad extranjera en China por el aumento de arrestos, y de condenas desproporcionadas, por otros delitos. Sobre todo en el ámbito de los negocios. Quizá el caso más relevante es el de los ejecutivos de la empresa minera australiana Río Tinto. Un verdadero galimatías empresarial que ha oscurecido las relaciones entre China y Australia.

delitos comerciales Teóricamente, el asunto es claro y sencillo: los cuatro directivos de la empresa aceptaron sobornos y robaron secretos empresariales. Por ello, el pasado 29 de marzo se les condenó a penas de prisión que oscilan entre los 7 y los 14 años. No obstante, hay mar de fondo. Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando el gobierno australiano decidió denegar el permiso a un acuerdo de adquisición firmado en febrero con la estatal Chinalco, que ya se había anunciado como la mayor compra en el extranjero por parte de una empresa china. No habían pasado unos días desde que saltó la liebre, cuando los cuatro directivos fueron arrestados.

Ninguno de ellos negó los cargos durante el juicio de tres días celebrado en Shanghai, y uno de ellos, Stern Hu, ya ha anunciado que no apelará la sentencia. Sin embargo, muchos consideran que las detenciones no habrían sucedido de haberse formalizado la fusión de ambas empresas. ¿Nos mandarán a la cárcel si no cumplimos los deseos del gobierno chino?, se preguntan muchos empresarios, que consideran la condena como una amenaza a las inversiones extranjeras en el Gran Dragón. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores australiano tachó la condena de "desproporcionada". En vano. China ya tiene poder suficiente como para hacer caso omiso a las presiones externas. Y, al fin y al cabo, todos los condenados son culpables.

presiones externas. Y, al fin y al cabo, todos los condenados son culpables.