(Nueva York) - El Gobierno chino debe admitir la masacre de civiles desarmados en junio de 1989, liberar a los aproximadamente 20 prisioneros de Tiananmen que fueron inapropiadamente arrestados y condenados en ese momento, y liberar a otros críticos del Gobierno encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, Human Rights Watch señaló hoy.
Más de dos décadas después de que las tropas del ejército chino iniciaron una masacre contra aproximadamente 2,000 personas desarmadas en los entornos de la Plaza Tiananmen de Beijing y otras ciudades chinas durante y después del 3 y 4 junio de 1989, algunos ciudadanos chinos siguen siendo perseguidos por defender el respeto a los derechos humanos y libertades universales.
"El Gobierno chino no sólo ha fracasado totalmente en rendir cuentas por los asesinatos de junio de 1989", dijo Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch para defensa y promoción en Asia, "sino los defensores de la sociedad civil y los críticos pacíficos siguen enfrentándose a la represión sistemática por defender los derechos garantizados por la propia Constitución china".
Entre el 3 y4 junio 1989, el Gobierno chino puso a sus tropas y tanques en contra sus propios ciudadanos para reprimir un movimiento de estudiantes, trabajadores, académicos, escritores y periodistas que se manifestaban pacíficamente por un sistema político pluralista. El número de muertos incluye a cientos de ciudadanos chinos que se congregaron en las calles de Beijing para impedir que el ejército llegara a la Plaza Tiananmen. Aunque en las dos últimas décadas el Gobierno chino ha puesto en libertad a la mayoría de las miles de personas encarceladas por su participación en las protestas junio de 1989 , se ha negado sistemáticamente a proporcionar una lista de los asesinados, "desaparecidos", o encarcelados o en junio de 1989.
El Gobierno no ha publicado cifras verificables sobre las víctimas, prohibió toda discusión pública sobre junio de 1989, y continúa victimizando a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, y a otros que cuestionan la versión oficial de los hechos. El Gobierno chino también ha rechazado constantemente los llamamientos de Human Rights Watch y gobiernos extranjeros por una investigación transparente e imparcial de la masacre de 1989, la rendición de cuentas de quienes ordenaron a los soldados abrir fuego contra los manifestantes; la indemnización para las víctimas y sus familiares; la liberación de los todavía encarcelados; y contabilizar las víctimas de desapariciones forzadas.
La respuesta del Gobierno a los episodios de protestas masivas se caracteriza todavía por el secretismo y la ofuscación. A raíz de los disturbios en Tíbet en marzo de 2008 y en Xinjiang en julio de 2009, el Gobierno chino fue más allá de su legítimo derecho de procesar a los manifestantes que habían cometido actos violentos y detuvo arbitraria e injustamente y procesó de manera improcedente a tibetanos y uigures. En Xinjiang, Human Rights Watch también documentó las desapariciones forzadas en que las fuerzas de seguridad chinas detuvieron a las personas que negaban darles albergue y no daban a conocer su paradero. El Gobierno también perdona "las cárceles negras" - un sistema de instalaciones ilegales de detención secretas donde los abusos son cotidianos y que sólo en Beijing detiene a miles de ciudadanos al año.
Contrariamente a lo que el Gobierno prometió a la comunidad internacional, desde el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación siguen siendo fuertemente restringidos, y los activistas aún se enfrentan a las represalias. Durante este período, las autoridades judiciales han inhabilitado los abogados de derechos humanos; las las agencias de Gobierno, incluyendo las autoridades fiscales municipales, han despojado a las organizaciones no gubernamentales de su capacidad para operar; y los funcionarios del Gobierno chino y las fuerzas de seguridad siguen restringiendo gravemente la libertad de expresión y de asociación de los ciudadanos que intentan trabajar colectivamente para hacer valer sus derechos y libertades legales.
Los ciudadanos chinos que protestan tales violaciones, como los que exigen la verdad acerca de junio de 1989, son rutinariamente perseguidos por su Gobierno. El 25 de diciembre de 2009, un tribunal de Beijing sentenció a Liu Xiaobo a una pena de prisión de 11 años por cargos espurios de "subversión" por su papel en la elaboración y difusión de la Carta ‘08, una petición en línea por el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en China . El texto de la Carta ‘08 incluía una referencia directa a los eventos del 4 de junio, como un ejemplo de la "larga historia de desastres de derechos humanos" causada por el monopolio del Partido Comunista de China en el poder. El 10 de febrero de 2010, un tribunal de Beijing rechazó la apelación de Liu de esa sentencia. Liu fue trasladado de Beijing a una prisión de Liaoning en el noreste de China la semana pasada. Uno de los más conocidos intelectuales críticos de China, Liu pasó dos años en prisión por su papel en el apoyo a los estudiantes de Tiananmen. Liu también impidió más derramamientos de sangre al negociar exitosamente con el ejército la evacuación de los últimos estudiantes que quedaban en la Plaza Tiananmen en la madrugada del 4 de junio 1989.
Gao Zhisheng es un abogado que tomó algunas de las causas más controvertidas de China al defender a mineros de carbón y a cristianos clandestinos. Gao fue víctima de una desaparición forzada por las fuerzas de seguridad en febrero de 2009. Después de más de un año de negaciones oficiales sobre la ubicación y el bienestar de Gao, Gao reapareció en su apartamento de Beijing a principios de abril de 2010, pero desapareció de nuevo días después, al parecer de nuevo bajo custodia oficial. El paradero de Gao, su estado de salud, y su entorno siguen siendo desconocidos.
Zhao Lianhai fue juzgado el 30 de marzo de 2010, y enfrenta una posible condena de hasta cinco años bajo cargos espurios de "provocar desorden" para ayudar a establecer un grupo de defensa popular, el Hogar para bebés con piedras en el riñón. Esa organización reunió a los padres de los miles de niños víctimas de escándalo en China de leche contaminada con melamina en 2008 para exigir una indemnización y la designación de un día oficial en memoria de los 6 muertos y las aproximadamente 300,000 personas enfermas.
El Gobierno chino también está sometiendo a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil a una creciente intimidación. A finales de 2009, las autoridades judiciales de Beijing se negaron a renovar las licencias profesionales de alrededor de una docena de los más importantes abogados de derechos civiles de China sin brindar justificación alguna. Esta negativa los ha dejado incapaces de ejercer la abogacía. Dos abogados chinos, Tang Jitian y Liu Wei, enfrentan actualmente una prohibición permanente de su derecho a ejercer la abogacía después de un juicio el 21 de abril 2010 donde fueron acusados de "perturbar el orden de la corte". Los cargos se derivan de un juicio en abril 2009 en el que fungieron como abogados defensores de un seguidor del prohibido movimiento espiritual Falun Gong.
Todas las referencias al 4 de junio de 1989 y su violenta represión siguen siendo censuradas en el país. Además, los censores chinos siguen controlando estrechamente las actividades de los periodistas de China, los blogueros, y unos 404 millones usuarios de Internet. Al menos 24 periodistas chinos están en prisión por cargos ambiguos como "incitación a la subversión" y "revelar secretos de Estado". El Gobierno chino prohíbe el acceso de usuarios de Internet en China a sitios como YouTube, Twitter y Facebook. El 22 de marzo de 2010, Google puso fin a sus años de complicidad con el régimen de China para censurar el Internet cuando apagó el motor de búsqueda Google.cn. Google tomó esa decisión ante la intransigencia del Gobierno chino a las solicitudes de Google de poner fin a la autocensura obligatoria de su motor de búsqueda de China. El 29 de mayo de 2010, el Gobierno chino reforzó su control sobre la libertad de expresión en Internet al presionar a las compañías de Internet que se comprometieran a mostrar un "espíritu revolucionario" y "cultura roja" en sus sitios web.
En el 21 aniversario de la masacre de Tiananmen de junio de 1989, Human Rights Watch insta de nuevo al Gobierno chino a:
- Reconocer públicamente que la masacre de junio 1989 es una fuente de profundas divisiones de dolor y frustración, incluso dentro de las filas del gobernante Partido Comunista de China, mediante el ofrecimiento de reparación a las víctimas;
- Cesar el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de los sobrevivientes, familiares y académicos que demandan la rendición de cuentas del Estado por las violaciones en Tiananmen;
- Liberar a los aproximadamente 20 prisioneros de la era de Tiananmen que fueron inapropiadamente arrestados y condenados inmediatamente después de junio de 1989, y
- Emitir una lista completa de los que murieron o resultaron heridos, y de los que fueron encarcelados, ya que dichas listas no están disponibles al público.
Además, Human Rights Watch insta al Gobierno chino a cesar las persecuciones más recientes de los críticos contemporáneos y los defensores de los derechos humanos.
"Que los ciudadanos chinos sigan corriendo el riesgo de encarcelamiento o algo peor por buscar los mismos derechos por los que abogaron los manifestantes pacíficos de junio de 1989 pone de relieve la necesidad de que el Gobierno tolere las críticas", dijo Richardson. "La criminalización y persecución de la disidencia está fuera de sintonía con la ambición de China de ser un miembro respetado de la comunidad internacional".
His Holiness the Dalai Lama often says: Hope for the best and prepare for the worst.
